RECHAZO A TANTA BARBARIE EN BAGUA en 6:58

El 05 de junio, paradójicamente día del Medio Ambiente, será recordado como una fecha fatídica, de duelo nacional debido a los violentos sucesos de Bagua Chica y Bagua Grande, en la región Amazonas.

Realmente lamentamos y condenamos la muerte de todos los ciudadanos, policías y nativos, cuyo número crece a cada minuto, según reportan las últimas informaciones.

De un lado, la incapacidad y la soberbia del Ejecutivo, expresado en la actuación de sus ministros, la indolencia de los congresistas; del otro el maximalismo de las demandas de AIDESEP, que luego no ha podido contener el desborde de sus agremiados.

Se trata de una responsabilidad política y social que debe ser asumida. Los responsables de todas las muertes no deben quedar impunes, la historia reciente del país nos muestra que la impunidad genera más violencia.

Los conflictos sociales se vienen produciendo en el país hace varios meses, sin que las autoridades tomen una decisión política para resolverlos y, menos prevenirlos; por el contrario muchos de ellos vienen derivando en muertes que pudieron haberse evitado.

Muchas de las demandas de los pobladores son legítimas: las carencias son enormes, la ausencia y desatención del Estado es reclamada por las poblaciones mas alejadas de nuestro país. Somos un país pobre, pero de ninguna manera estos reclamos generados con bloqueos de carreteras, secuestros de trabajadores de gasoductos y destrucción de bienes públicos y privados pueden admitirse.

Peor aún, existen algunos sectores radicales que ahora pretenden utilizar las legítimas reivindicaciones de las comunidades nativas para generar réditos políticos.

Nos referimos a algunas organizaciones de cocaleros que bloquearon la carretera en Aguaytía, Ucayali, so pretexto de apoyar a los nativos.

Ninguna organización amazónica participó de esa violencia, por el contrario, el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibos, FENACOCA, Fernando Estrella, rechazó el bloqueo de carreteras y la violencia provocada por los cocaleros.

Recordemos que las comunidades amazónicas han sido las primeras en rechazar la deforestación de sus bosques a causa del cultivo de coca ilegal que termina en los laboratorios de cocaína.

Los indígenas amazónicos nunca utilizan la coca, al contrario, la rechazan porque sólo les ha traído el despojo de sus tierras, la pérdida de su biodiversidad, contaminación, violencia, muerte y desolación. Ellas saben que estos cultivos contaminan sus suelos y aguas.

Ante la situación desencadenada, el Decreto Supremo 1090 -con sus imperfecciones o bondades- carece de legitimidad social y debe ser derogado de inmediato.

En el Congreso, ya se había presentado un proyecto de ley alternativo que había sido consensuado por varias instituciones de la sociedad civil ligadas al tema forestal y por las organizaciones indígenas amazónicas regionales.

El proyecto de ley 2691, que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, debe debatirse en el Pleno y retomar así la responsabilidad del Congreso con la participación de las organizaciones sociales, en aras de la paz que el Perú se merece.

Fuente: Inforegion